Con la entrada en vigor plena de la Ley de Cambio Climático, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ya son una realidad en más de 150 municipios de toda España desde enero de 2025. Esta normativa exige restricciones estrictas al acceso de vehículos contaminantes en áreas urbanas, lo que ha impactado de lleno en el día a día de muchas empresas.
Las implicaciones son claras:
Flotas contaminantes fuera del centro. Muchas compañías se han visto obligadas a renovar sus vehículos o reorganizar sus rutas.
Rediseño logístico. Sectores como la distribución, el transporte de personal o el mantenimiento técnico han tenido que repensar sus modelos operativos para cumplir con la normativa.
Apuesta por la sostenibilidad. Lejos de ser un obstáculo, las ZBE también están impulsando cambios positivos: electrificación de flotas, implantación de hubs logísticos en el perímetro urbano, y fomento de opciones como el transporte público, la bicicleta o el carpooling.
Algunas empresas pioneras están ya operando con modelos híbridos: puntos de intercambio logístico fuera de la ZBE, vehículos eléctricos para el último tramo y compensaciones por uso de movilidad sostenible entre empleados.
Los ayuntamientos están ofreciendo líneas de ayuda, bonificaciones fiscales y herramientas digitales para facilitar el cumplimiento, pero el marco es claro:
Las sanciones por incumplimiento pueden alcanzar los 200 euros por infracción. Las inspecciones ya están en marcha.
Adaptarse a las ZBE no es opcional. Es una obligación legal, pero también una palanca estratégica para mejorar sostenibilidad, reputación y eficiencia operativa. Las empresas que actúan ahora no solo evitan riesgos, sino que toman ventaja competitiva en un nuevo escenario regulado y exigente.
